Ante
la reforma energética implementada por el actual gobierno que busca desarrollar la
industria petrolera y eléctrica planteándose los siguientes objetivos: “Mejorar
la economía familiar bajando los costos de la luz y gas, al tener gas más
barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en
alimentos más baratos. Aumentar la inversión y los empleos. Reforzar a Pemex y
a CFE: Se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se
modernicen y den mejores resultados”. Con
este último se contribuye a un aumento en índices de deforestación y
degradación del suelo, al implementarse proyectos mineros, petroleros y de
generación de energía. Se puede ver como una destrucción de los bosques
amparada por la ley y promovida por el gobierno que ademas decidió apostar
por la apertura del sector energético a la iniciativa privada para la
extracción de petróleo y gas a través de la fractura hidráulica (fracking) una
técnica altamente controversial por sus efectos en el manto acuífero.
El dar prioridad a proyectos de hidrocarburos como
actividades preponderantes a cualquier otra incluyendo a la protección del
medio ambiente, la reforma energética pone en riesgo zonas productivas para la
soberanía y seguridad alimentaria y el mercado de bonos de carbono. México está
atravesando nuevamente por una fase de industrialización basada en el
crecimiento económico sin tener las capacidades de infraestructura, técnicas ni
presupuestarias que garanticen un México más justo.
La Red Mexicana de Organizaciones Campesinas
Forestales (Red MOCAF) alertan que de no implementarse medidas urgentes de
política pública seguirá avanzando la deforestación y degradación forestal en
México. Ya que los hechos llevados a cabo durante la reforma energética desdibujan aún más la autoridad de la SEMARNAT, creando
un régimen de excepción en materia ambiental para el sector energético y minero.
En Yucatán el
gobierno federal ha otorgado 6 contratos para el desarrollo de proyectos
altamente destructivos, unos para la generación de energía eólica y otros para
la generación de energía solar. Las empresas titulares de dichos contratos
alegan sobre la sustentabilidad de sus proyectos mientras que al mismo tiempo
pretenden destruir más de mil hectáreas de selva en el estado. La adjudicación
de estos contratos representara una destrucción de la selva generando un
impacto ambiental inmensurable, perjudicando no solo la captura de dióxido de
carbono, sino también afectando la flora y fauna de la región. Estos proyectos
ya cuentan con autorización de la SEMARNAT, además de contar también con
certificados de energías limpias lo que resulta contradictorio, teniendo en
cuenta que los proyectos solo buscan el beneficio económico sin importar el
impacto negativo que se genere.
Se estima que en México el cambio de uso de
suelo y la agricultura contribuyen con un 21% en las emisiones de gases de
efecto invernadero que provocan el calentamiento global.
